• Redacción Marca Poder

EMPRESA GEPSA MANTIENE EN EL ABANDONO A SUS TRABAJADORES CON COVID-19

A fines de febrero pasado, y luego de unos días de descanso, un grupo de trabajadores regresó al complejo hidroeléctrico de la empresa Generadora de Energía del Perú (Gepsa), en Puno. Ya en el campamento donde debían pasar las siguientes semanas, uno de ellos presentó una ligera fiebre, tos y sudoración excesiva. “Después de un día, otros compañeros presentaron síntomas. De los 11 contagiados, uno está en una cama UCI, en Juliaca, desde el 2 de marzo y tiene más del 50% de sus pulmones comprometidos. Incluso el chofer que nos traslada también necesita una cama, está buscando”, dice un trabajador que pidió mantener la reserva de su identidad por temor a represalias.

El autor de este reportaje conversó con cuatro trabajadores de Gepsa, que dieron sus testimonios sobre abusos laborales en medio de la pandemia. Hablaron con reserva de sus nombres y entregaron una lista con los nombres de los contagiados. Sudaca contactó a algunos de ellos, que confirmaron estar recuperándose. Ningún representante de la empresa, sin embargo, quiso dar sus descargos.



Abandono


Gepsa empezó a operar a mediados de 2018, mediante un contrato de suministro de Recursos Energéticos Renovables (RER) con el Estado. Ese año montó un complejo de tres centrales hidroeléctricas -cada una con una producción de 20 MW (megavatios)- ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Carabaya, en Puno.

Los trabajadores llegan de diversas provincias hasta Juliaca y ahí los recoge una movilidad que los traslada, finalmente, hasta el complejo. En el campamento laboran 14 personas y las rotaciones se dan de cuatro en cuatro. Comen, viven y se bañan ahí, en ambientes compartidos. Su jornada debería ser 14 días de trabajo por 7 de descanso, aunque en la práctica -denuncian- eso no se cumple.

“Cuando inició la cuarentena, en marzo del 2020, se dio la orden de no salir del campamento a los que estábamos acá. Pero ya en julio, como no terminaba, liberaron a los que estábamos acá y vino el otro grupo. Desde esa fecha se empezó con 42 días de trabajo y 14 de descanso”, dice uno de los trabajadores.

La nueva medida no impidió que el coronavirus irrumpa en el campamento. Luego de enterarse del primer contagiado, a fines de febrero pasado, los trabajadores pidieron equipos de protección y alcohol. La respuesta, según dos de los empleados entrevistados, fue que no había recursos. Apenas se entregaron botellas de 30 ml cada 15 días y una mascarilla semanal. En el tópico, había un balón de oxígeno, pero estaba vacío porque lo habían usado ya para soldar. “Nos dijeron que, si necesitábamos más, teníamos que conseguirlo de otra forma”, dice uno de los trabajadores.

“Cada uno está en su cuarto y nadie nos dice nada sobre cómo llevar esto adelante. Nada más nos enviaron un correo para hacer una colecta por el compañero que está mal”, dice otro empleado, que permanece aislado por precaución. El entrevistado nos muestra el correo firmado por la licenciada Valerie Vargas, administradora del complejo, que solicita una donación para la familia de Wilfredo Mayta, uno de los trabajadores que se encuentra grave.


El club de los maltratos


Los dueños de Gepsa son los empresarios, y esposos, Javier Lei Siucho y Ana Linares Arévalo. Lei -además de ser accionista y fundador de la compañía- fue gerente general hasta el 22 de mayo de 2019, cuando el directorio aceptó su renuncia. Un día antes, el Poder Judicial le había dictado 18 meses de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico en el marco de las investigaciones del caso “Club de la Construcción”. Para ese momento, Lei Siucho se había hecho humo.

El hoy prófugo de la justicia fue vinculado a la investigación como dueño de la constructora CyM. La constructora y la hidroeléctrica, sin embargo, están íntimamente relacionadas. Según registros públicos, Gepsa –que antes del 2006 tenía como nombre ‘Minera Mochica Gold S.A.’- ha recibido al menos dos aumentos de capital por más de S/25 millones en los años 2010 y 2014 por parte, justamente, de CyM, donde Lei es accionista mayoritario. Eran los mejores años del “Club de la Construcción”.


Fuente: Sudaca.pe